Cuando la democracia entra en Guerra.
Ecuador y el difícil equilibrio entre libertad y seguridad.
En tiempos de Guerra, un país, su economía, su vida cotidiana y su derecho es permeado por el contexto extraordinario.
Pretender que un país con un enemigo, además, organizado y con recursos económicos que se nutren de la propia matriz productiva nacional y es tutelado por sus instituciones, que mata, extorsiona a ciudadanos, contamina sus negocios, boicotea al gobierno, corrompe la justicia, y captura la política, sea inmutable en su estado garantista de tiempos de paz, es más que impertinente, irresponsable.
Desde enero de 2024 el Ecuador declaró la guerra al crimen organizado, decretado estados de excepción, militares en las calles y ahora expedido 5 cuerpos normativos que a decir de muchos vulneran derechos humanos y libertades básicas. ¿Está Ecuador cediendo a la tentación del autoritarismo? ¿O simplemente repite el camino que otros países democráticos han recorrido cuando la guerra los alcanzó?
Como abogados debemos pronunciarnos. Citando a Rafael Bielsa, en su libro la Abogacía, somos “agentes conscientes e ilustrados de las libertades públicas”.
El caso Británico: Guerra y democracia no siempre son compatibles:
El Reino Unido, cuna del Parlamentarismo, vivió este similar dilema. Para enfrentar al nazismo, proveniente de una guerra declarada por un estado hostil, el Parlamento aprobó leyes como el Emergency Powers (defence) Act de 1939, que permitía detenciones sin juicio, censura de prensa, y confiscación de propiedades.
Años después, durante el conflicto con Irlanda del Norte, se volvieron a suspender garantías. Con la Prevention of Terrorism Act de 1974, se detuvo a cientos de sospechosos de colaborar con el IRA, se limitaron protestas y se militarizó Belfast. En este caso no había conflicto entre estados, pero sí ante una organización terrorista.
Colombia: Seguridad Democrática en tiempos de plata o plomo:
Colombia es un ejemplo más nuestro y cercano. Así la constitución de ellos de 1991 permitía declarar “el estado de conmoción interior”, y eso se usó de igual manera para autorizar detenciones sin orden judicial y permitir que inclusive el Presidente legisle por Decreto.
El presidente Uribe, acuñó el término de “seguridad democrática”.
Hoy Ecuador vive su Uribe-time. En un intento por recuperar su territorio, la eficacia de su sistema judicial, con respaldo popular, pero con voces que alertan la posibilidad de normalizar lo excepcional.
Estados Unidos: Cuando se perdió el “welcome” y se lo cambió por el cacheo en los aeropuertos:
Con el 11-S Estados Unidos aprobó el Patriot Act, con el cual se ampliaron los poderes de vigilancia, se aprobó la detención indefinida y se legalizaron prácticas impensables en las democracias. Lo que la motivó fue la guerra contra una organización terrorista, criminal e internacional
Ecuador: Las leyes de la Urgencia:
Desde el 7 de junio del 2025 hasta la presente fecha el Presidente ha copado la iniciativa legislativa, con el envío y la aprobación de: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Transparencia Social ( llamada Ley de Fundaciones), Ley Reformatoria del Código Orgánico Penal, el D.E. No.111, de Declaratoria de Conflicto Armado, todos en el marco de leyes declaradas como urgentes en materia económica.
Nuevos conceptos jurídicos de la nueva guerra:
Estas normativas introducen los (i) “CAI” ( conflicto armado interno), (ii) los allanamientos sin orden judicial, (iii) las detenciones provisionales para comparecencias,(iv) el uso de fuerza letal sin sometimiento a las normas de paz por parte de las fuerzas del orden, así como también conceptos interesantes y hasta cierto punto de restablecimiento institucional, como son los principios de (i) objetivo militar,(ii) incentivos económicos para víctimas del CAI, (iii) jueces especializados en CAI, (iv) zonas de seguridad y territorios de paz, (v) exoneraciones por donaciones a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional,
Un avance interesante es la figura de los Decretos Ejecutivos que declaren con especificidad las zonas, sujetos, bienes y tiempos de un CAI, con mecanismos de reparación económica a víctimas y reactivación territorial a través de la figura de territorios de paz. La rafificación en estos instrumentos de las garantías en tratados internacionales de derechos humanos, el reconocimiento de reparaciones estatales, la prohibición de intervenciones a población civil y sus bienes, son interesantes mecanismos de autoregulación.
Las entidades sin finalidad de lucro, por otro lado, pasan al control de tres entes ( el de constitución, el de registro y el de monitoreo de riesgo y control de fondos). Deben incorporar procesos de gestión e identificación de prevención de lavado de activos, y riesgos en la trazabilidad de fondos.
La excepcionalidad siempre conduce a abusos: Desde los 6 de Birmingham, la masacre de Mapiripan y el caso de Brandon Mayfield:
En los casos del Reino Unido, Estados Unidos y Colombia, estas normas de excepcionalidad, generaron abusos del Estado. Inocentes detenidos, torturados y hasta poblaciones asesinadas, en el caso de Colombia, dieron lugar a millonarias indemnizaciones, disculpas públicas, y leyes de reparación nacional, además de fallos de la CIDH. Así tenemos las leyes de reparación y disculpas del Federal Tort Claims Act de USA, la Miscarriages of Justice Act de 1988 del Reino Unido y la Ley de Víctimas de Colombia.
De estas experiencias se entienden algunas medidas correctivas y de autoregulación que el Estado Ecuatoriano a introducido en su régimen de CAI, todas muy positivas, necesarias e innovadoras. Sin embargo, es muy probable que el Estado luego de esta guerra tenga que indemnizar, pedir perdón y recobrar su rumbo para la paz.
Conclusión: Lo excepcional no puede ser lo normal:
Ecuador tiene el derecho y el deber de defenderse. En la guerra todos perdemos. Con esta guerra no solo hemos perdido personas por denuncias de desapariciones (31), víctimas de masacres ( más de 300), 101.000 casos de desplazamientos internos por violencia, 6.964 muertes violentas, con 4.619 homicidios violentos en lo que va del 2025.
La nueva realidad:
Las experiencias ajenas y la propio, nos van demostrando que las caídas colaterales comenzarán a ser parte de nuestras vidas. La paranoia en la convivencia y los negocios, son la nueva realidad.
Quienes con su ideología política llevaron al país a ser un territorio vulnerable y vulnerado, hoy son los que cargan con la sangre y los llantos de los caídos y los que se han ido, y los que se irán de su patria por sus inventos de nacionalidades mundiales, sus tutelas garantistas a criminales y restricciones personales de protección gubernamental y ciudadana, haber declarado a las pandillas como grupos vulnerables, exaltación y legitimación del crimen común equiparándolo a lucha ciudadana y legitimándolo en espacios de representación ciudadana legislativa, amistades gubernamentales delincuenciales, salpimentado todo además por sus discursos de odio y de revolución. Están totalmente deslegitimados para protestar. Y en algunos casos casi comprometidos y sujetos activos de las leyes de guerra aquí comentadas.
Una democracia herida y con una batalla moral:
La democracia está herida. Lo maduro y responsable ahora es retroalimentar al aparato estatal de todo abuso que se cometa, para su corrección, y preguntarse y plantearse el proceso de desregulación de estas leyes de guerra para recuperar lo que perdimos, tomando en cuenta de que perdimos la paz, la libertad y al estado, no desde la expedición de las leyes de urgencia, sino desde que nos llevaron en el camino de un socialismo que fue advertido y engendrado desde el terrorismo, la clandestinidad y la violencia.
Compramos revolución y hoy vivimos las consecuencias.
La experiencia de Reino Unido, Colombia y los Estados Unidos, es que incluso las democracias más fuertes se equivocan cuando sienten miedo y tarde o temprano los estados deben reparar y pedir disculpas.
Si Ecuador gana esta guerra pero con una estela de inocentes presos, torturados o arruinados, habrá perdido otra batalla: la moral.